El Centro PEN Guatemala hace pública su profunda preocupación con respecto a la crisis política que la sociedad guatemalteca tuvo que enfrentar durante las últimas dos semanas, en las que tanto el poder ejecutivo como el legislativo fueron protagonistas de acciones injustificables, erráticas e indignantes que ocasionaron que miles de guatemaltecos salieran a las calles a exigir respeto a sus derechos vulnerados por medidas y acciones que mostraron una vez más el irrespeto a nuestra Carta Magna y al pueblo de Guatemala, en general. En primer lugar, más de cien diputados, mediante votación mayoritaria obstaculizaron y boicotearon las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, dirigidas al presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito cuando fungiera como secretario general del partido FCN., Esto mediante la negativa de retirar la inmunidad al mandatario, para que las instancias correspondientes prosiguieran con las investigaciones del caso. En segundo lugar, al aprobar también por mayoría parlamentaria, dos decretos legislativos lesivos y anticonstitucionales, uno de los cuales incluyó la modificación ilegítima del Código Procesal Penal que pudo llegar a ser lesivo para el sistema judicial por buscar el beneficio de una minoría corrupta. El día de ayer ambos decretos fueron suspendidos y calificados como ilegítimos por la Corte de Constitucionalidad.
Desde la fase crítica de las protestas ciudadanas del 2015, cuando se pensó haber empezado a erradicar la corrupción, los poderes ocultos, y aparatos clandestinos de seguridad se cobijaron bajo el fuero de la ley para fomentar la impunidad y ocultar delitos flagrantes vinculados al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y diputados con investigaciones abiertas y/o procesos penales en marcha.
En el Centro PEN Guatemala, denunciamos y exigimos el respeto al derecho a la libertad de expresión de las ideas, la libre locomoción y el derecho a manifestar pacífica y libremente en contra del actuar vergonzoso de la mayoría de diputados del Congreso de la República y del presidente de la República, quienes se han permitido calificativos deshonrosos contra una ciudadanía indignada al ver sus derechos humanos individuales, colectivos, y constitucionales vulnerados y violentados por la clase política en el poder y sus aliados.
Al momento de redactar este comunicado, el legislativo archivó mediante decreto, los decretos lesivos 14-2017 y 15-2017 en una sesión extraordinaria que se realizó el día 15 de septiembre, fecha en que se celebró la independencia de Guatemala en medio de la zozobra y las manifestaciones multitudinarias.
Por todo lo anterior, exigimos se inicie un proceso de depuración del Congreso de la República a partir de la reciente resolución de amparo de la CC y solicitamos se garanticen los mecanismos necesarios para la aplicación de las medidas sancionatorias que la ley indica a quienes promovieron la promulgación de los decretos y a los 111 diputados firmantes, ya que los mismos según dictamen de la CC, “en caso de cobrar vigencia -las reformas al Código Penal- podrían ocasionar daños irreparables al sistema de justicia”.
Asimismo, agradecemos y exhortamos a los colectivos, entidades e instituciones de diversa índole a continuar exigiendo mediante el uso de la ley y los recursos legales a disposición, que se respete el verdadero Estado de Derecho que vela por el bien común de los ciudadanos guatemaltecos y no por una minoría viciada de privilegios que se ampara en la impunidad.
CENTRO PEN GUATEMALA
Junta Directiva: Presidente, Gustavo Bracamonte Cerón. Vicepresidente, Karla Olascoaga. Secretario, Juan Antonio Canel Cabrera. Tesorero, Víctor Manuel Muñoz Cruz. Vocal I, Carlos René García Escobar. Vocal II, Eduardo José Blandón Ruiz. Vocal III, María Fernanda Sandoval Ayala.
